El RIGI profundizó la autonomía minera de las provincias, pero también expuso riesgos concretos como la compra de insumos importados que dejó afuera a proveedores nacionales. Catamarca es un caso testigo: controla YMAD y las mesas del Litio y el Cobre, mientras la Nación se limita a habilitar proyectos.
El auge de las inversiones mineras, impulsado por el RIGI, colocó a las provincias en una posición de poder inédita. Por primera vez concentran la totalidad de las decisiones sobre sus recursos, sin las interferencias que la Casa Rosada ejerció desde los tiempos de Bajo La Alumbrera.
La creación de las mesas del Litio y del Cobre son la expresión más visible de ese empoderamiento frente al gobierno nacional. A eso se suma la reforma de la Ley de Glaciares, que devolvió a las provincias la potestad de definir las áreas periglaciares donde no puede avanzar la actividad minera. En Catamarca hay un dato adicional: la Provincia se quedó con la mayoría del directorio de YMAD tras la salida de la Nación del esquema empresario.
El rol de la administración nacional en el circuito de inversiones se limita a autorizar que los proyectos se acojan al RIGI. No es poco, pero después el vínculo de los grandes jugadores es directamente con los gobiernos provinciales. Se trata de un cambio estructural de fondo, que explica los posicionamientos de los oficialismos provinciales frente a la gestión libertaria y las tensiones que generan con una dirigencia metropolitana acostumbrada a tratar al interior como territorio de saqueo.
La herencia del poder central
La minería no fue la excepción. Durante los años 90, la administración de Carlos Menem tuvo una gravitación decisiva en la política minera, un coto al que Catamarca solo pudo acceder cuando el riojano dejó la Casa Rosada.
Un episodio reciente grafica esa disputa. A fines de 2024, Rio Tinto adquirió Arcadium, firma de la que Livent controlaba el 44%. En la operación entró el yacimiento pionero de litio en el Salar del Hombre Muerto. La Provincia no percibió un peso porque las condiciones del contrato original, que impedían a los privados ceder derechos sin autorización expresa del Estado provincial, habían sido modificadas. Esa cláusula se había fijado en el convenio aprobado por la Legislatura en marzo de 1991, en vísperas de la intervención federal al gobierno de Ramón Saadi, y se anuló en 2017.
Con la fiebre del litio, el kirchnerismo presentó proyectos en el Congreso para nacionalizar el recurso. No prosperaron. La autonomía minera es la última estribación de un camino que arrancó con la ley nacional de Inversiones Mineras de 1993, aun cuando la Constitución de 1994 estableció que la propiedad originaria de los recursos es de las provincias.
Oportunidades y riesgos
El nuevo diseño ofrece tantas oportunidades como desafíos y riesgos. Un ejemplo de las proyecciones más nocivas ocurrió con el proyecto Vicuña, en la cordillera sanjuanina. Apalancado en las facilidades para importar que ofrece el RIGI, el gigante a cargo del emprendimiento compró todo su campamento prefabricado a una firma china, cuya oferta fue imposible de igualar por competidores nacionales sin ninguna ventaja.
Episodios como el sanjuanino no tienen por qué repetirse inevitablemente. Pero marcan la necesidad de articular políticas provinciales y regionales para neutralizar los perjuicios que provocan a la industria y la producción.
El desafío pendiente sigue siendo el mismo: que la riqueza minera no se reduzca a las exiguas regalías que pagan los emprendimientos, sino que se traduzca en calidad de vida, trabajo e ingresos para la sociedad.