El presidente de la Comisión de Educación, Luis Rojo, reconoció el descontento de la comunidad educativa de los institutos Albino Sánchez Barros, Tobar García y Castro Barros. Desmintió el cierre masivo de carreras y la pérdida de validez nacional de los títulos, pero admitió que la ley se votó sin consultar a las bases y prometió cambios en la reglamentación.
La sanción a espaldas de la comunidad educativa de la nueva ley que regula el Nivel Superior no universitario desató una ola de asambleas, reclamos y movilizaciones en los principales profesorados de La Rioja. Ante la creciente indignación de estudiantes y docentes de instituciones históricas como el Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros, el Carolina Tobar García y el Pedro Ignacio de Castro Barros, el oficialismo en la Legislatura provincial se vio obligado a abrir un canal de negociación de urgencia para intentar desactivar el conflicto.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Luis Rojo (departamento General Lamadrid), confirmó que mantuvo una primera reunión con delegados estudiantiles y docentes para escuchar sus objeciones al texto aprobado, que todavía no fue promulgado por la Casa de las Tejas. La iniciativa encendió las alarmas en el ámbito pedagógico ante el temor a la clausura de carreras tradicionales, la pérdida de validez nacional de los títulos y la precarización de las plantas docentes mediante designaciones a término.
“La ley está sancionada pero requiere de sus pasos y aún no está promulgada. Les queremos dar tranquilidad a los institutos y a los estudiantes: acá no se cierra ninguna carrera y los títulos van a mantener su plena validez nacional bajo el marco de la ley nacional y provincial”, intentó aplacar Rojo. Sin embargo, el legislador debió reconocer que el proyecto se cocinó exclusivamente entre los despachos legislativos y los equipos técnicos del Ministerio de Educación, sin haber convocado previamente a los directivos ni a los claustros de las instituciones formadoras.
Contratos a término y la sospecha del achique en las carreras
El nudo del reclamo gremial y estudiantil radica en la estabilidad laboral y la continuidad pedagógica. Los borradores que circularon por los pasillos de los profesorados instalaron una fuerte zozobra por la figura de nombramientos docentes «a término», que la comunidad interpreta como contratos temporales que dejarían cesantes a los profesores una vez finalizada cada cohorte.
Rojo intentó despejar las sospechas de un ajuste encubierto en las plantas funcionales: “Esa es una mala interpretación. Nosotros garantizamos el trabajo, ningún docente va a quedar afuera. Los docentes buscan estabilidad laboral y la ley no dice que se van a quedar sin trabajo”. No obstante, admitió que el nuevo esquema normativo habilitará la «reorganización» y el cierre de ciclos en ofertas académicas con años de vigencia para reemplazarlas por nuevos planes de estudio, poniendo como ejemplo el histórico profesorado de Geografía en su propio distrito de Villa Castelli.
La reestructuración curricular genera zozobra en institutos que albergan a miles de jóvenes de la Capital y del interior, donde la oferta docente representa la única alternativa accesible frente al costo prohibitivo de emigrar o costear una carrera universitaria. Los estudiantes denuncian que la unificación de profesorados afines o el cierre de inscripciones por cohortes restringe el ingreso y licúa el perfil profesional de los egresados en un mercado laboral ya deprimido.
Supervisores zonales y la promesa de retocar la letra chica
La nueva normativa introduce además una modificación en el organigrama de control, creando cargos de supervisores por zona con sus respectivos equipos técnicos para fiscalizar el funcionamiento de los institutos en toda la geografía provincial. Este punto también sumó reparos entre los formadores, que advierten un avance burocrático sobre la histórica autonomía pedagógica de los establecimientos.
Frente al documento formal presentado por las asambleas estudiantiles con el detalle de los artículos cuestionados, el oficialismo convocó a una nueva reunión en la Legislatura con dos representantes por instituto. La estrategia de la bancada justicialista apunta a dilatar la entrada en vigencia de la norma y prometer que los reclamos serán subsanados en la reglamentación que elabore el Poder Ejecutivo.
La rebelión de los profesorados abrió una fisura inesperada en el frente educativo provincial. En un contexto marcado por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID) por parte de la Nación y la asfixia presupuestaria que sufren las escuelas riojanas, el intento del oficialismo por imponer una reforma sin debate asambleario chocó de frente contra la resistencia de las aulas, que ya anticiparon que no abandonarán la movilización hasta que las garantías de continuidad laboral y académica queden selladas en el Boletín Oficial.
Redaccion Eduardo German.