Tras la parálisis de los giros de obra pública desde la asunción de Javier Milei, la Legislatura provincial ratificó el desembolso de $3.000 millones propios para concluir el tendido al parque industrial. La provincia y la contratista presentaron un amparo conjunto en los tribunales federales.
La paralización absoluta de las transferencias de capital para infraestructura dispuesta por el Gobierno nacional forzó a las administraciones del interior a ensayar salidas de emergencia para evitar la pérdida total de inversiones estratégicas. En ese contexto, la Cámara de Diputados de La Rioja ratificó el acuerdo suscripto entre el gobernador Ricardo Quintela y la empresa constructora a cargo del gasoducto productivo hacia Chilecito, una obra troncal clave que se encontraba frenada con un 93% de ejecución física.
El entendimiento sella un esquema de financiamiento con fondos del tesoro provincial para completar el 7% restante de los trabajos y garantizar la llegada del suministro energético a la planta reguladora del parque industrial chileciteño. La decisión oficial busca abaratar los costos operativos de la agroindustria local y sentar las bases para futuras conexiones domiciliarias y ampliaciones hacia los departamentos Famatina y General Felipe Varela.
El esquema del rescate: $3.000 millones en cuotas y litigio judicial
La reactivación destrabó un conflicto derivado de la interrupción en la cadena de pagos por parte de la Secretaría de Energía de la Nación y la empresa estatal Enarsa. Según los antecedentes expuestos en el recinto legislativo, el último certificado fue liquidado en noviembre de 2023. Desde entonces, el proyecto quedó paralizado, acumulando un pasivo original cercano a los $6.000 millones que, tras la devaluación y la inflación acumulada, la firma constructora —de capitales mendocinos— actualizó en $26.000 millones.
Frente a la pretensión de funcionarios libertarios de que la provincia asumiera la totalidad del endeudamiento generado por el Estado nacional, la Casa de las Tejas acordó un esquema transitorio: la provincia aportará $3.000 millones en cuotas a lo largo de ocho meses —equivalente a la mitad de la deuda histórica sin indexar— para reactivar de inmediato las cuadrillas y concluir las obras. En paralelo, el Estado riojano y la constructora presentaron un recurso de amparo ante la Justicia federal para reclamar los $26.000 millones que adeuda la administración central.
El diputado provincial Federico Sbiroli apuntó contra la dirigencia de La Libertad Avanza y rechazó los cuestionamientos del oficialismo nacional: «Aparece Martín Menem con videos confundiendo a la gente diciendo que Nación iba a terminar la obra si la provincia pagaba la deuda. La provincia no tiene por qué pagar una deuda que es de la Nación; no pagaron más desde noviembre de 2023 y dejaron la obra en riesgo de abandono».
Sbiroli comparó la situación con el freno de corredores viales clave en la provincia: «Pasa lo mismo con la ruta 75 en Las Padercitas y el dique Los Sauces, o el camino a Pampa de la Viuda hacia Chilecito; las paralizaron en diciembre de 2023, dejaron trabajadores en la calle y después publican videos festejando reinicios al 30% de operatividad. Siguen cobrando el impuesto a los combustibles en cada carga y no ponen un peso en bacheo ni mantenimiento».
Impacto productivo en los valles del oeste
El impacto del tendido troncal es determinante para la ecuación económica de los valles productivos riojanos. Actualmente, las fábricas y bodegas del departamento Chilecito operan bajo una estructura de costos condicionada por las tarifas eléctricas y el transporte a granel de gas licuado de petróleo (GLP), lo que resta competitividad a los productos locales frente a la oferta de distritos limítrofes.
El legislador Raúl Cabral remarcó el carácter estructural de la reactivación para la matriz industrial del oeste: «Es una condición indispensable para el desarrollo que va a permitir reducir los costos de producción y abrir nuevos planteos industriales en nuestra localidad. Esta obra troncal da la base para que el gasoducto pueda extenderse en el futuro hacia Famatina y Felipe Varela; sin este tramo concluido era inviable cualquier expansión productiva o domiciliaria».
En la misma línea, el diputado Gonzalo Becerra valoró el respaldo parlamentario a la continuidad de los trabajos: «La provincia se hace cargo del tramo final de una obra licitada originalmente por Nación que no concluyeron, y que es fundamental tanto para el sistema productivo chileciteño como para proyectar el suministro hacia el resto del oeste riojano, incluyendo el Valle del Bermejo y Villa Unión».
El dilema federal por la obra pública a medio terminar
El caso del gasoducto riojano refleja el cuadro de parálisis que afecta a decenas de proyectos de infraestructura en el Norte Grande, donde los contratos quedaron trabados por el corte de giros federales y la falta de financiamiento privado alternativo. A diferencia de las áreas metropolitanas con alta densidad demográfica, en las economías regionales la escala de usuarios dificulta la adopción de esquemas de concesión o peaje directo.
Con el acuerdo validado en el recinto y el cronograma de desembolsos en marcha, la administración riojana busca asegurar la puesta en marcha de la planta fabril en un plazo de ocho meses, mientras traslada a los tribunales la disputa por la deuda millonaria contra la Casa Rosada.